Alianza Cívica denuncia campaña de desprestigio contra Juan Sebastian Chamorro

En un comunicado de prensa la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJJ) denunció este jueves una campaña de desprestigio y difamación contra uno de sus miembros. De acuerdo con la información divulgada en sus redes sociales el empresario y director de Funides Juan Sebastián Chamorro es víctima de ataques de la delegación del gobierno.

“La campaña desatada por el régimen contra él y la Alianza Cívica en general, a través de insultos, amenazas y asedio tiene como objetivo justificar el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno. Una vez más el régimen hace gala de la represión y el asedio a la libertad”, denunció la oposición.
Los ataques contra Chamorro se dan luego que Chamorro alertara al Banco Centroamericano de Integración Económicas (BCIE) sobre las consecuencias negativas del financiamiento a la Policía Nacional.
La Alianza Cívica afirmó la postura de Chamorro como “respetuosa del derecho a la libertad de pensamiento y de todos los derechos humanos”.
Gobierno asfixiado por sanciones

Y es que el gobierno ha tomado una postura confrontativa, sobre todo con el tema de las sanciones. El 20 de junio será un día decisivo en el contexto de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018 porque se cumple el plazo para que el gobierno de Daniel Ortega libere a los presos políticos y Estados Unidos retome la aplicación de las sanciones económicas y políticas contra el régimen de Ortega-Murillo.

La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, fue firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el jueves 20 de diciembre de 2018. A partir de esa fecha, el secretario de Estado tiene 180 días —hasta el 20 de junio— para presentarles un informe a los comités del Congreso de ese país sobre la participación de los funcionarios nicaragüenses en violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción y lavado de dinero, lo que se traduce en nuevos sancionados, mientras que el 18 de junio, cumple el plazo de 90 días en el que Ortega se comprometió a liberara a todos los prisioneros políticos.