Alianza Cívica: «Gobierno quiere que nos autoimpliquemos en delitos»

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) rechazó la mañana de este martes las acusaciones furibundas que Rosario Murillo profirió en su contra a través del canciller Denis Moncada en un comunicado leído en los medios oficialistas.

La delegación de Ortega acusó a la Alianza Cívica «de innumerables crímenes, tropelías e, incluso, actos diabólicos» en referencia a los hechos de violencia ocurridos durante las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega. Además, solicitó el retiro de la Ley Nica Act, que entraría en vigor en los próximos meses y tiene como fin condicionar los préstamos de organismos multilaterales a Nicaragua.

La Alianza Cívica, por su parte, afirmó que la misiva leída por Moncada en cuanto a exigir un llamado a la suspensión de las sanciones, «además de inútil y vacío, no resolverá el problema de fondo del país, como son la sistemática violación de derechos al pueblo nicaragüense».

Asimismo, calificó como «necedad y falto de voluntad» la postura de la delegación oficial.

«Pretenden trancar y entorpecer el cumplimiento a lo ya firmado. Llamar a una contraparte de un proceso de negociación que se declare culpable de delitos solo comprueba la falta de voluntad de sentarse a la mesa a discutir los temas fundamentales», aseveró la Alianza.

La oposición finalizó diciendo que «se hará presente una vez más, por su compromiso con la justicia, la democracia y la liberación de los presos políticos, al INCAE a escuchar los ya consabidos insultos y amenazas» de la delegación estatal.

Las nuevas negociaciones entre el Gobierno y la oposición se retomaron en febrero de este año luego de que Ortega y los principales empresarios del país se reuniera con el propósito de encontrar una salida pacífica a la crisis sociopolítica.

Desde entonces, una comisión de la Alianza Cívica se han reunido con el Gobierno para llegar a acuerdos con el objetivo de obtener la liberación de los presos políticos y el cese de sanciones; sin embargo, el Gobierno de Ortega ha entorpecido las negociaciones.

La crisis sociopolítica en Nicaragua ha dejado, al menos, 320 muertos, miles de heridos y un sinnúmero de exiliados. Varios medios de comunicación fueron confiscados durante el momento más álgido de las protestas y dos periodistas fueron detenidos.