¿Alianza Cívica pedirá retirar sanciones a funcionarios de Ortega?

  • *Carlos Tunnerman explica cuáles son las sanciones que se cabildearán una vez que el gobierno sandinista cumpla con la liberación de presos políticos y haga reformas electorales

Las sanciones internacionales contra funcionarios del gobierno de Daniel Ortega probablemente no podrían retirarse, explicó de forma escueta el jurista y educador Carlos Tünnermann, que actualmente participa en las negociaciones entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el régimen sandinista.

“(…) son las sanciones que puedan afectar el desarrollo humano de Nicaragua. Aquellas sanciones que puedan afectar el desarrollo del país”, dijo de forma breve el doctor Tünnermann al ser consultado de la solicitud que ha hecho el gobierno de Daniel Ortega a cambio de liberar a más de 700 presos que son considerados políticos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Algunos de los funcionarios sancionados de la administración Ortega. Nicaragua Investiga/NI

Tünnermann explica que “a medida que se tocan los acuerdos se va a pedir ayuda para el cumplimientos de los acuerdos y en el momento oportuno, en el momento que las dos partes consideren que es el oportuno se levantarán las sanciones”.

El también exministro de educación (1979-1984), crítico del gobierno de Ortega explicó de igual forma que las sanciones impuestas por la comunidad internacional a Nicaragua no serán cabildeadas para su eliminación por solicitud del régimen, sino por “acuerdo de las dos partes”.

Actualmente Nicaragua cuenta con dos graves sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega y algunos de sus funcionarios: La Nica Act, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el pasado 11 de diciembre y firmada por el presidente Donald Trump; y la Ley Global Magnitsky.

En el caso de la ley “Nica Act”, esta tiene como principal objetivo bloquear los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Concretamente, el texto condiciona la aprobación estadounidense de los préstamos a la convocatoria en Nicaragua de elecciones “libres, justas y transparentes” bajo el punto de vista de Washington.

En el caso de la Ley Global Magnitsky congela los bienes de los funcionarios sancionados, dentro de Estados Unidos y se les revoca su visa.

Para el excanciller de la República, Francisco Aguirre Sacasa, esta ley obliga a los sancionados a vivir en una colonia como “leprosos”, en el sentido de que los aísla. “Todos los activos de ellos, y el acceso de ellos al resto del mundo se limita severamente, incluso en Nicaragua”, afirmó Aguirre en ese entonces a un medio nacional.

En Nicaragua al menos cinco funcionarios importantes han sido sancionados. El primero fue Roberto Rivas, quien en ese entonces ejercía el cargo de presidente del Consejo Supremo Electoral; Francisco Díaz (Jefe de la Policía Nacional), Francisco López (tesorero del FSLN) y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.

“Bajo el mando de Francisco Javier Díaz Madriz, la Policía Nacional de Nicaragua ha participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua. Fidel Antonio Moreno Briones ha dirigido actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales que han sido implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos relacionados con las protestas en curso contra el gobierno nicaragüense,” dice el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Pero las sanciones no quedan englobadas ahí, a finales de noviembre del año pasado Estados Unidos firmó una orden ejecutiva contra Rosario Murillo, esposa del mandatario Daniel Ortega, y a Néstor Moncada Lau, consejero nacional de seguridad.

Las sanciones contra de Murillo y Moncada bloquean todos sus bienes y activos bajo jurisdicción de EE UU, e impiden a personas y entidades estadounidenses hacer negocios con ellos.

“Yo, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, considero que la situación en Nicaragua (…) constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos y, por tanto, declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza”, decía la orden ejecutiva.

¿Ortega quiere ganar tiempo?

Críticos al gobierno de Daniel Ortega han señalado su desconfianza con el mandatario nicaragüense en el cumplimiento de sus promesas y han manifestado que lo único que el régimen quiere ganar es tiempo para esquivar las sanciones.

De acuerdo con el expresidente Enrique Bolaños, Ortega no es un hombre que cumple a sus palabras y recordó muchas conversaciones que sostuvo con el líder sandinista cuando el liberalismo estuvo gobernando el país.

Daniel Ortega el jueves en la inauguración de un desnivel en Managua. Captura de video/NI

“Conmigo varias incumplió. Por experiencia propia te lo cuento. Porque él (Ortega) está firme en el poder. Tiene la Corte Suprema de Justicia, todo lo que es el sistema judicial y todo el sistema judicial ahí termina y su fallo no tiene duda”, dijo recientemente el exmandatario liberal a un medio internacional.

Sin embargo el doctor Tünnermann ha manifestado que a diferencia de otros acuerdos, en esta ocasión existen garantes internacionales, tales como la Organización de Estados Americanos, así como el nuncio, en representación del Estado del Vaticano.

De no haberse restablecido las negociaciones entre el gobierno y la oposición, el Parlamento Europeo sancionaría fuertemente a Nicaragua a finales de este mes, según una entrevista que brindó a Nicaragua Investiga el socialista Ramón Jáuregui.

Fotografía principal: Carlos Tünnermann, miembro de la Alianza Cívica. Nicaragua Investiga/NI