Exterminio indígena apañado por el Estado

Con la complicidad de autoridades colonos invaden tierras indígenas a punta de bala

  • Más de 500 familias indígenas han sido desplazadas
  • Líderes comunitarios denuncian involucramiento de ex militares 

 

Las comunidades indígenas que habitan el Caribe Norte de Nicaragua se encuentran bajo amenaza.

Por siglos han mantenido sus tradiciones ancentrales y su forma de vida, que se basa la convivencia armónica con la naturaleza, de donde obtienen su comida y solo lo que necesitan.

Esa forma de vida hace que esas zonas hayan estado aisladas de la depredación humana y conforman ahora el territorio más rico en recursos naturales. Por eso, se encuentran en la mira de los grandes empresarios extractivistas, que a través de alianzas mafiosas con gente cercana al gobierno, según denuncian los pobladores indígenas, han conseguido permisos para instalarse en territorios que por ley, pertenecen a las comunidades nativas.

Esos invasores conocidos como colonos o terceros por no pertenecer a las etnias indígenas, obligan el desplazamiento de los nativos ejerciendo la violencia.

“Los colonos han invadido nuestras tierras (…) hoy en día los colonos vienen y vienen, nos las quitan, amenazan, nos matan, entonces nosotros como miskitos ya no tenemos tierras”, dice el pescador Ron Fenley de la comunidad Li-Un en un reporte de la cadena DW en español.

A Orillas del Río Wanki o Río Coco la situación es tensa desde hace muchos años.

“Con miedo, así pasamos (…) no podemos ir al monte solitos a traer nuestras comidas (…) tenemos que ir armados ahí, si vamos solitos podemos encontrarnos con los terceros colonos, pero tenemos que ir unidos y traer nuestro pan de cada día para comer”, dice Colombina Pineda, habitante de la zona en un reporte del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua.

Foto cortesía: CEJUDHCAN

En la comunidad San Jerónimo, en una loma que sobresale más allá del río hay una tumba. Pertenece a un líder comunal, víctima de los colonos invasores. “Nosotros decidimos ir a limpiar nuestra plantación de plátanos, cuando llegamos al lugar de nuestra parcela nos encontramos con los colonos armados, nos dijeron: “Alto, manos arriba, no vengan más a estas tierras, porque ahora nos pertenecen a nosotros”, mi papá se puso a discutir y uno de los armados le disparó”, cuenta con tristeza Saúl Pérez, hijo del hombre asesinado.

 Ortega entregó títulos de propiedad en 23 territorios indígenas como parte de la Ley 445, Ley del Régimen de la Propiedad Comunal, aún así autoridades regionales han entregado otros títulos a colonos sobre esas mismas propiedades provocando el caos.

Los colonos establecen sus propios cultivos, haciendo crecer la frontera agrícola, despalan para extraer la madera y perforan el terreno para establecer minas y sacar oro y otros minerales.

El gobierno ¿cómplice?

Foto cortesía: CEJUDHCAN

 

Cientos de indígenas han huido y no hay nadie que pueda hacer nada por ellos. Ya los líderes religiosos y comunitarios han interpuesto las denuncias ante las autoridades regionales y gubernamentales, sin resultados.

Quienes se dedican a defender los derechos humanos están bajo el asedio, las amenazas y la intimidación de los colonos. Es el caso de Juana Bilbano, quien lleva un registro de los crímenes a indígenas a raíz de la invasión. “Tenemos jóvenes, líderes asesinados, mujeres violadas, líderes secuestradas que están desaparecidas, jóvenes heridos, hay comunidades enteras quemadas como la comunidad de Polo Paiwas, hay comunidades desplazadas como Cocal, Naranjal, que se encuentran refugiados en el territorio de Honduras”, denuncia la activista.

Bilbano ha sido amenazada de muerte, y su organización fue  acorralada para no seguir recibiendo financiamiento para la defensa  de los derechos humanos de los comunitarios.

Para el gobierno las defensoras de derechos humanos tienen un trabajo que les incomoda. Hace unos días Lottie Cunningham, Directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua CEJUDHCAN, fue apresada, aunque se le dejó en libertad un día después, se le aplicó restricción migratoria. Ortega teme que al salir del país, pueda contar al mundo las barbaries que se cometen contra los nativos en el Caribe Norte y eso es algo que no le conviene.

 “El Estado de Nicaragua conoce esta información, los ha identificado, muchos de ellos son ex militares que han tomado las tierras indígenas sin el consentimiento de las comunidades (…) responsabilizamos al Estado de Nicaragua por la inacción, ha sido cómplice ante esta masiva invasión de las comunidades indígenas”, dijo Cunningham a Hora Cero.

La activista denuncia que la situación en el Caribe ha generado no solo desplazamiento forzado de los indígenas, sino que también ha atentado contra su seguridad alimentaria, debido a que han perdido las tierras que cultivaban y que representaban el alimento diario de sus familias.

La CIDH investigó

El caso fue llevado ante la CIDH  en el año 2016, lo que motivó una investigación del organismo, que confirmó las serias violaciones a los derechos humanos y urgió al Estado acciones para detener las invasiones y los abusos. Otorgó además medidas cautelares a varias comunidades donde la invasión y la violencia  eran críticas. El gobierno hizo caso omiso a la solicitud  y las invasiones no solo continúan, sino que aumentan, así como los crímenes cometidos por los colonos.

“Lo que nosotros como centro tenemos contabilizados son 34 indígenas asesinados, 44 indígenas lesionados, 25 secuestrados y cuatro desaparecidos en defensa de la tierra”, dice Cunningham, además hay dos casos de abuso sexual.

La activista expresó su preocupación ante un posible etnocidio. Es decir, la posibilidad que el desplazamiento forzado de los indígenas haga desaparecer sus dialectos, sus costumbres y tradiciones y los despoje de los territorios que han ocupado por siglos.

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