Gobierno de Ortega entra a recta final para cumplir acuerdos

¿Porqué Daniel Ortega está tan preocupado con el asunto de las sanciones? La respuesta es simple, se avecinan más. Estados Unidos había dado un ultimátum y la fecha se aproxima. 

El 20 de junio será un día decisivo en el contexto de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018 porque se cumple el plazo para que el gobierno de Daniel Ortega libere a los presos políticos y Estados Unidos retome la aplicación de las sanciones económicas y políticas contra el régimen de Ortega-Murillo.

La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, fue firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el jueves 20 de diciembre de 2018. A partir de esa fecha, el secretario de Estado tiene 180 días —hasta el 20 de junio— para presentarles un informe a los comités del Congreso de ese país sobre la participación de los funcionarios nicaragüenses en violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción y lavado de dinero, lo que se traduce en nuevos sancionados, mientras que el 18 de junio, cumple el plazo de 90 días en el que Ortega se comprometió a liberara a todos los prisioneros políticos.

Condiciones que el Gobierno debe cumplir para evitar sanciones

Para evitar la aplicación de las sanciones, en el reporte del secretario de Estado, se debe establecer que el Gobierno de Nicaragua está implementando medidas efectivas para fortalecer el estado de derecho y la gobernabilidad democrática, además de la independencia del sistema judicial y del consejo electoral; combatir la corrupción; proteger los derechos civiles y políticos, incluyendo la libertad de prensa, expresión y asociación; investigar y responsabilizar a los funcionarios estatales y otras personas culpables de los asesinatos de ciudadanos vinculados a las protestas que comenzaron en abril de 2018; y realizar elecciones libres y justas supervisadas por observadores nacionales e internacionales.

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No obstante, el Gobierno de Ortega no ha mostrado interés en la aplicación de dichas recomendaciones ni en la liberación de todos los presos políticos, aunque, a través de comunicados, pide constantemente —con tono amenazador— a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia interceder, «en nombre del pueblo nicaragüense», para lograr la detención de las sanciones, que afectarían a funcionarios sandinistas.

A pesar de que —según el Gobierno— han excarcelado «de buena fe» a 236 nicaragüenses, varios ciudadanos han denunciado que ellos y sus familias continúan siendo asediados y amenazados por la Policía Nacional y simpatizantes sandinistas. A través de múltiples comunicados de prensa, Ortega y Murillo han culpado a los opositores por el estancamiento del diálogo nacional. Por ejemplo, hoy —una vez más— asociaron a la Alianza Cívica con los términos “golpismo, terrorismo, violencia y maldad”.

¿Quiénes serían sancionados?

De acuerdo con esta ley estadounidense, será sancionada cualquier persona que el presidente Trump determine que ha ordenado, controlado o participado en graves violaciones a los derechos humanos y acciones o políticas que menoscaben instituciones o procesos democráticos.

Asimismo, serían afectados los funcionarios del Gobierno de Ortega que incurran en actos de corrupción, entre ellos, la expropiación de los bienes privados o públicos para beneficio personal o motivos políticos; la corrupción con relación a contratos estatales, sobornos, además del arresto y enjuiciamiento de ciudadanos, incluyendo medios de comunicación que informan a la audiencia con la finalidad de ejercer su legítimo derecho a la libertad de prensa.

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