La increíble y triste historia del INSS y sus directivos desalmados (Parte I)

Luis Núñez Salmerón

No es novela, es historia, la historia de una institución llamada a resarcir económicamente lo que miles de nicaragüenses han entregado a este país, y que ahora está en riesgo por las malas políticas implementadas desde quienes la han dirigido ¿Y va a haber para pagar mi pensión el próximo año?, me preguntó una afligida señora, a quién por razones de seguridad llamaremos “Juana”, mientras retiraba su cheque de jubilada, ella es una pensionada más de los 200 mil 608 pensionados, que completaron sus cotizaciones y recibe un poco más que el salario mínimo, y que ha visto cómo este año los beneficios para los pensionados se va reduciendo, al punto de que la mayor parte de los medicamentos ya no son cubiertos por el Seguro Social en estos momentos. La preocupación no es para menos, las noticias que llegan del INSS no pueden ser menos alarmantes.

Imagen del edificio central del Seguro Social en Managua. Archivo/NI

La historia del INSS, desde su fundación, ha sido una historia de crisis sucesivas, una institución que ha servido como una enorme caja chica de gobiernos sucesivos. Como empresa del Estado no ha estado ajena a los vicios que han aquejado éstas, y los resultados han sido los mismos. Pero a diferencia de las empresas estatales cuyo final fue el cierre o la privatización, el INSS es una institución que tiene que mantenerse operando dado que sus principal socio es la población. Ha sobrevivido a períodos de duros y con el tiempo se mantiene funcionando en medio de cuestionamientos, déficit, relativa estabilidad, pero teniendo que atender la permanente demanda de sus afiliados.

La actual crisis política y social del país ha profundizado en particular la posición de las pensiones en Nicaragua, en primer lugar, y en consecuencia, del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), cuyo déficit inició desde la administración del presidente Arnoldo Alemán, siendo controlado durante la administración Bolaños y que nuevamente empezó a registrar saldos negativos a partir del 2013, cuando nuevamente el sistema de pensiones registró nuevamente un déficit (mayor el gasto que los ingresos) y explotando más aceleradamente en 2018, cuando se desencadenaron las protestas sociales en el país. Es tal la magnitud del hueco en las pensiones que el gobierno tuvo que revisar las proyecciones del déficit para del año 2018, el cual estaba estimado en 2, 200 millones de córdobas, será de cinco mil millones, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del Presupuesto General de la República para el 2019. Sin embargo todavía hace falta el cierre oficial del 2018.

Saldos rojos se acumulan

La historia de las pensiones en Nicaragua, es la suma de crisis tras crisis que ha sufrido la institución desde hace más de 40 años, “Déficit Actuarial estimado de Capital de 64 mil millones de córdobas que indican una quiebra técnica”, destacaba un informe de la nueva administración de gobierno en 2002, al referirse a la situación en la que encontraron la institución.

En declaraciones a medios de comunicación en julio del 2004, el Contralor Luis Ángel Montenegro, aseguró que el déficit actuarial del INSS rondaba los 34 mil millones de córdobas. A esto el Superintendente de Pensiones por la Ley Cairo Amador, agregó en ese mismo momento que si no se hacía una reforma al sistema el déficit alcanzaría los 56 mil millones.

INSS central en Managua. Archivo/NI

Al desglosar la administración Bolaños los gastos de la administración precedente, encontramos el mismo patrón seguido por las administraciones siguientes, en cuanto a gastos e inversiones “- Ejecución del presupuesto 2001 reflejaba claramente el tipo de gastos realizados, “gastos de publicidad reportados como gastos de Capital por C$ 18.3 M ,   pago e I.R no retenido en nómina a Directores, Secretario, Vicepresidente y Presidente del INSS por C$ 11 millones reportados como gastos de Capital, gastos no reportados de nómina especial por C$32 millones y C$8.7 millones de córdobas gastos de contrapartidas de los proyectos de BM y BID”, además hay inversiones en : “4 Proyectos deficitarios: INDEVASA (EL Velero), Xilonem, Centro de Impresiones y Centro de Convenciones Olof Palme), Bonos del Tesoro por C$ 404 millones emitidos por el Ministerio de Hacienda para cubrir gastos del estado; Préstamo realizado a la Superintendencia de Pensiones por C$ 34 millones, se procediò a consultar legalidad a CGR (no se encontró el informe de respuesta); Compras de Bono de Pago por Indemnización equivalentes a US $ 18,013,471.87 comprados a un precio sobrevaluado de 38 y 41 centavos cuando el precio de estos oscila entre 22 y 24 centavos con diferencial de hasta 60 % ( Perjuicio económico de aprox. C$ 83 Millones de córdobas o $ 5.4 Millones de dólares”, entre otros señalamientos. En cuanto a recuperaciones nunca se supo nada. Se estima que estos montos superaron los 50 millones de dólares.

Durante la administración Bolaños, de acuerdo con los señalamientos de la nueva administración Ortega, el INSS corrió con algo de suerte. La institución tenía 50 demandas en los diferentes juzgados del país, de acuerdo con el informe de entrega del gobierno Bolaños, pero también tenía alrededor de mil demandas de ejecución de títulos ejecutivos que la institución interpuso contra empresas y personas naturales, que sumaban unos 360 millones de córdobas, del 2006.

En este informe de entrega se reportan 82 propiedades en litigio, de los cuales no se sabe exactamente cuál fue el destino. Además el INSS tenía 87 propiedades en uso, así como otras 174 propiedades en poder del INSS (bienes realizables), y que pasaron a manos de la institución a través de diferentes figuras jurídicas, compraventa, dación en pago (entre los que se encuentran balnearios, terrenos, centros culturales, etc).

Sobre esta administración Bolaños, hay que reconocer que fue extraordinariamente traumática para las pensiones, ya que durante ese momento, la discusión estaba centrada en la privatización del Sistema y todo el proceso de transición que ello implicaba. Durante esa administración también se aprobó la nueva Ley de Seguridad Social, Ley 539, Aprobada el 12 de Mayo del 2005, y publicada en La Gaceta No. 225 del 20 de Noviembre del 2006, después de las elecciones presidenciales de ese año. Sin embargo esta ley fue derogada como resultado de un acuerdo o Ley Marco, entre el gobierno saliente y la nueva administración sandinista, debido al alto costo financiero que suponía su aplicación. Sin embargo su debate y aprobación fue desgastante ya que se hicieron estudios (que implicaron gastos) en los que se demostraba la enorme erogación de recursos de la institución para hacer frente a los compromisos que implicaba.

Sin embargo hasta ese momento ya el INSS funcionaba con saldos positivos, aunque pendiendo de las amenazas que se cernían sobre el sistema.

Si bien esta es una crisis que se ha venido gestando desde hace varios años, pese a los llamados de alerta de diferentes sectores en cuanto a enderezar el barco, las autoridades del INSS y del gobierno han hecho poco o nada para evitarlo. El tiempo los ha apremiado y de la peor forma. El reflejo de esto es la aprobación (y derogada después) antojadiza e ilegal reforma de la pensiones, en abril de 2018, lo cual refleja la prisa con la que actuaron, sin importarle las consecuencias. Al analizar estas reformas, se pueden observar algunos aspectos claves.

Primero, es casi la misma propuesta dada a conocer, pero sin someter a aprobación, en agosto del año 2010, conocida como “PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL, Agosto de 2010”. Reformas paramétricas al sistema de pensiones, cuya finalidad era la de recaudar efectivo para cerrar la brecha entre el gasto y los ingresos, el cual indeteniblemente iba en aumento. Pero hay que reconocer que esta propuesta, estaba a tono con la presentada por la administración de Enrique Bolaños, a través de dos comisiones que analizaron el problema que se venía con las pensiones, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma al Sistema de Pensiones (CAN) y la Comisión Técnica Interinstitucional, las cuales que alertaron sobre el rumbo que llevaba el sistema de pensiones en el país, y el momento en el cual empezaría a mostrar un déficit. Si bien esta administración dejó un superávit en las pensiones, este no se mantendría en el tiempo, si no se tomaban a tiempo medidas para capitalizar la institución, mejorando la posición de sus reservas, reduciendo los gastos administrativos, y ampliando la base de cotizantes entre otras propuestas. Es así que propusieron incrementos en la edad de retiro, semanas de cotización, bases de cálculo, entre otras propuestas, como una forma de evitar el colapso del sistema las cuales se aplicarían de forma gradual hasta alcanzar su máxima aplicación a en la década de los años 20’.

No obstante una serie de acciones y omisiones, erróneas de la nueva administración como la de no presentar una reforma al sistema en el momento adecuado, impulsar inversiones de dudoso retorno, aumentar los gastos de administración incrementando el número de empleados y funcionarios de alto nivel, crearon una enorme burbuja que empezó a colapsar a partir del 2013 cuando se encendieron las alarmas y las pensiones empezaron a mostrar un déficit indetenible.

Si bien en ese momento las pensiones mostraban un superávit, el mismo estaba condicionado a un manejo adecuado del sistema, ya que incluso si continuaba siendo manejado de la misma forma, entraría en problemas, por lo que las propuestas deberían estar dirigidas a una reformar mucho más profunda.

Las alarmas que empezaron a preocupar a los organismos internacionales quienes presionaron al nuevo gobierno sandinista para que adoptara medidas para frenar el déficit. Pero la respuesta del gobierno apenas funcionó ya que constituían meros parches, para un enorme hueco en las pensiones. Un tímido intento por mejorar los ingresos aumentaron la tasa de aporte de la empresa privada (decreto 37-2013) subiendo el techo de cotización hasta el 21% los aportes para las empresas, con un impacto mínimo. Ya en el 2010 quisieron implementar una primera y profunda reforma a las pensiones, la cual hicieron circular pero sin someterla a aprobación, pese a la presión que se cernía sobre el sistema. No obstante echaron pie atrás con esta propuesta de reforma al obtener un rechazo masivo de la población. Con esto quedó sellada la suerte de la institución.

Con cada revisión del programa de políticas del gobierno, el FMI insistía en las reformas al sistema de pensiones, recibiendo la misma respuesta, “el gobierno se compromete a revisar la situación del INSS”, algo que nunca se ha logrado. Así es que se el tiempo apremió al gobierno y cuando intentaron formalizar la reforma, la población de forma masiva la rechazó, iniciando las protestas de abril, hasta llegar a un punto de casi no retorno para las pensiones en Nicaragua.

Fotografía principal: Edificio del INSS en Managua. END/NI