Ley de atención a víctimas preocupa a organismos internacionales

La Ley de Atención Integral a las Víctimas, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 29 de mayo, preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Según los organismos de derechos humanos, el decreto no cumple “con las normas y estándares internacionales en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

En un comunicado emitido este lunes, los organismos señalan que el texto aprobado consta de cinco artículos que se limitan a establecer una política general de acceso a servicios de educación, vivienda, trabajo, salud y recreación y no ofrece una solución integral. “La CIDH y la OACNUDH observan que la norma aprobada no garantiza el derecho a una reparación integral conforme al derecho internacional de los derechos humanos”, cita el comunicado.

“La Comisión y la OACNUDH recuerdan al Estado nicaragüense que una reparación adecuada e integral de las violaciones a los derechos humanos debe contemplar medidas tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a las víctimas y sus familiares, así como medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición. Dicha reparación debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido, y contar con una perspectiva de género e interculturalidad”, apunta los organismos.

Por otra parte, la Comisión y la OACNUDH lamentan que la aprobación de dicha ley carece de “un proceso abierto, transparente y de consulta con la sociedad civil y las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos ampliamente documentadas”. Señalaron que el cumplimiento de dichas condiciones es indispensables “para garantizar la continuidad, legitimidad y vigencia de cualquier programa o ley de reparación integral”.

Carece de justicia

Los organismos internacionales también apuntan que la Ley de Atención Integral a las Víctimas no contemple ninguna medida para garantizar el derecho a las víctimas y sus familiares para acceder a la justicia. “La CIDH y la OACNUDH reiteran su preocupación por la falta de voluntad del Estado para el esclarecimiento de la verdad respecto las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018”.

Señalan que de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte y la Comisión Interamericana, “las obligaciones de investigar, determinar y sancionar a los responsables por graves violaciones de derechos humanos tienen carácter irrenunciable”.

La CIDH en el Informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”, documentó graves vulneraciones en el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares reflejadas en la falta de diligencia del Estado de investigar las muertes y lesiones ocurridas en el marco de las protestas sociales, así como en serias irregularidades en la determinación de los hechos. Por su parte, la OACNUDH en el informe “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua” recomendó asegurar que se realicen prontamente investigaciones independientes, imparciales, efectivas, completas y transparentes en relación con  todas las denuncias de serias violaciones a los derechos humanos y abusos que han ocurrido desde el 18 de abril de 2018.

La CIDH y la OACNUDH apuntan que la narrativa de la ley estigmatiza, re victimiza y descalifica a las mismas víctimas de la represión estatal a las protestas y a sus familiares al referirse expresamente en sus considerandos al “intento fallido de golpe de estado”.

“Cualquier iniciativa para la reparación integral debe partir por la inclusión de todas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos conforme a los estándares internaciones”, indicó la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua y sobre Memoria, Verdad y Justicia. “El reconocimiento de los hechos y la aceptación de la responsabilidad del Estado por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas es también esencial para rescatar la memoria de las víctimas, así como para alcanzar una solución pronta y legítima a la grave crisis que vive el país”, añadió.

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