Ortega; criminal internacional, puede ser enjuiciado en cortes penales del mundo

GIEI concluye que Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, recientemente expulsado de nuestros país por órdenes de Daniel Ortega, presentó este jueves en Washington su informe final sobre los hechos de violencia registrados en Nicaragua de abril a mayo, concluyendo que no hay indicios de un golpe de Estado, tal y como lo ha denunciado Ortega en los últimos meses, además el informe es concluyente al dejar claro que desde altos niveles del Gobierno de fraguó una estrategia de represión de las manifestaciones que incluyó el uso de fuerzas paraestatales y el uso de armas de guerra.

“Para el GIEI, conforme la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y el crimen de persecución”, declaró Amérigo Incalcaterra, jefe de la misión del GIEI.

Los expertos señalaron que para redactar este informe recibieron y revisaron más de 10 mil archivos fílmicos, pruebas y testimonios, logrando constatar el asesinato de 109 personas, pero dejaron claro que la cifra podría ser mucho mayor, debido a las dificultades y obstáculos que el Gobierno les puso para poder realizar las investigaciones.

Dado la grave naturaleza de los hechos, el GIEI advierte que cortes penales internacionales podrían requerir en cualquier momento a Ortega, principal responsable, como Jefe Supremo de las fuerzas armadas para responder por estos delitos.

“Se da la posibilidad que intervengan tribunales de otros Estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia en virtud del artículo 12.3 del Estatuto de Roma”, explicó el GIEI.

Consideran que el jefe de la Policía Nacional Francisco Díaz, así como la ex Comisionada Aminta Granera, la Fiscal General y autoridades del Poder Judicial también son responsables de estos actos y deben ser investigados y sometidos a un proceso.

Como parte del informe se presentaron tres vídeos en los que se constata a la Policía actuando de manera coordinada y colaborativa con grupos paraestatales que portan armas de guerra.