¿Qué criterios consideró EEUU para sancionar a estos tres funcionarios?

El detalle de las investigaciones norteamericanas para aplicar Ley Magnistky a funcionarios nicaragüenses

Para poder aplicar la Ley Magnitsky, la legislación nortamericana obliga a  Estados Unidos a tener evidencia creíble que involucre a los sancionados en serias violaciones a los derechos humanos y en actos de corrupción. Buscamos la versión completa del comunicado emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para conocer los detalles de las investigaciones realizadas a estos tres funcionarios del más cercano círculo de poder del Frente Sandinista, las revelaciones que hacen son serias.

Francisco Díaz

 

La comunicación dice:

“Díaz es comisionado de la Policía Nacional de Nicaragua  a quien se ha referido como el jefe de facto y ha dirigido el quehacer diario de la Policía. Bajo el mando de Díaz, la Policía Nacional ha participado en graves abusos contra los derechos humanos del pueblo de Nicaragua, incluidas ejecuciones extrajudiciales. En junio, pistoleros enmascarados acompañados de personas identificadas por testigos como policías nicaragüenses prendieron fuego a una casa familiar en Managua, matando a seis personas, incluidos dos niños pequeños. Cuando los vecinos intentaron ayudar, la policía supuestamente disparó contra ellos, impidiendo que los socorristas llegaran a la familia. La policía nicaragüense se ha acercado a los líderes de las pandillas en Nicaragua para que los ayuden a atacar a los manifestantes antigubernamentales y han sido acusados ​​de disparar indiscriminadamente y matar a manifestantes pacíficos”.

 

Resumen:

  • Abusos contra los derechos humanos
  • Ejecuciones extrajudiciales
  • Asociación ilícita para delinquir

 

Fidel Moreno:

El comunicado dice sobre él;

“Moreno es el principal enlace entre los gobiernos municipales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional y también ha actuado como líder de la Juventud Sandinista, la organización juvenil del FSLN. La Juventud Sandinista ha sido implicada en numerosos abusos graves contra los derechos humanos relacionados con las protestas en curso contra el gobierno nicaragüense, incluidos las golpizas a los manifestantes en abril de 2018 y su presunta participación en el ataque de junio, que mató a una familia de seis personas en Managua. Moreno se ha visto personalmente implicado en ordenar ataques contra manifestantes desde 2013, cuando ancianos y jóvenes que protestaban pacíficamente por la reducción de las pensiones de jubilación fueron desalojados violentamente de su campamento por miembros de la Juventud Sandinista. En 2013, Moreno también orquestó el uso de motociclistas para atacar violentamente a personas que protestaban por la falla de un programa del gobierno nicaragüense, y a principios de 2017 reclutó a otros para que se unieran a un grupo de motociclistas para tomar medidas contra las marchas antigubernamentales. Moreno ha sido acusado de robar grandes sumas de dinero de los proyectos municipales de Managua, así como de usar fondos municipales para pagar las actividades del partido FSLN.”

Resumen:

-Abuso grave contra los derechos humanos

-Dirigir grupos delictivos para agredir a manifestantes

-Desvío de fondos públicos

Francisco López:

El Departamento del Tesoro en su comunicado expresa sobre este funcionario:

“López es el vicepresidente de ALBANISA, la compañía que importa y vende productos petrolíferos venezolanos, y el presidente de la petrolera estatal nicaragüense Petronic. López ha tenido acceso a grandes cantidades de fondos recaudados por el gobierno en forma de impuestos y multas que podría explotar, incluso para el uso personal de líderes nicaragüenses. Cuando participó en proyectos de infraestructura, López desviaría fondos mediante la negociación de tarifas personales, ha colocado a numerosas personas en todo el gobierno que lo han ayudado a robar millones de dólares anualmente, y ha utilizado su posición en beneficio de él y de su familia mediante el uso de compañías personales para ganar contratos gubernamentales. ALBANISA es propiedad en un 49% de Petronic y en un 51% en manos de la empresa petrolera nacional de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA). Altos funcionarios del gobierno nicaragüense y del FSLN han utilizado los fondos de ALBANISA para comprar estaciones de televisión y radio, hoteles, ranchos ganaderos, plantas de generación eléctrica y laboratorios farmacéuticos”.

Resumen:

-Corrupción

-Tráfico de influencias- nepotismo

-Desvío de fondos públicos

 

Usted puede ver la información original aquí: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm422